Entiende que la jurisprudencia española no protege lo suficiente a los consumidores. La interpretación del Tribunal Supremo sobre determinadas cláusulas favorables a la banca ha provocado varias protestas.
La magistrada Margarita Poveda Bernal reclama que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare de forma definitiva si las hipotecas calculadas en base al IRPH son un abuso bancario o no. En un auto, la juez encargada de la revisión de cláusulas abusivas en hipotecas en Palma señala que hay serias dudas jurídicas sobre el modo en el que el Supremo ha validado este índice hipotecario, del que dependen cientos de hipotecas en las Islas. «La situación actual puede estar provocando graves e irreparables daños a los consumidores por la falta de seguridad jurídica que está provocando la reinterpretación del Derecho de la Unión por parte del Supremo», señala.
Advierte que es urgente unificar los criterios que se aplican y critica con dureza al Alto Tribunal: «El motivo más preocupante viene motivado porque el Tribunal Supremo español parece venir realizando una reinterpretación del Derecho de la Unión que una parte de los jueces nacionales, entre los que se incluye esta juzgadora, considera dudosamente acorde a los principios inspiradores de la normativa comunitaria de protección a los consumidores».
Tras una primera sentencia europea, el Tribunal Supremo ha fijado su postura ya en varias resoluciones sobre este índice hipotecario. Su conclusión es que se trata de una cláusula que, aunque no sea del todo transparente, no provoca un perjuicio a los consumidores y ha validado su aplicación. Poveda Bernal discrepa: «Se evidencia un profundo malestar en la opinión pública, que puede trascender del ámbito nacional» ante lo que considera «una posible inadecuada interpretación del derecho de la Unión Europea» que los consumidores españoles obtienen de «sus propias autoridades judiciales».
El auto recuerda que los contratos sobre una hipoteca son los una de los más importantes, por su peso económico, que puede suscribir un consumidor a lo largo de su vida y, por eso, considera muy importante que el TJUE se pronuncie de una manera completa. En total, son catorce preguntas las que remite la magistrada a los jueces europeos para que decidan. Una de las principales cuestiones tiene que ver con la «evidente asimetría de información» entre los bancos y los consumidores a la hora de saber qué va a suponer a la larga el IRPH. La magistrada se apoya en estudios que afirman que nunca va a ser más barata una hipoteca en este índice que otra con el más habitual, el Euribor. Mientras se resuelve esta cuestión, la juez ha suspendido todas las demandas que tramitaba en Palma.